“NO PUEDO ENTENDER QUE NO PONGAMOS UN LÍMITE MÍNIMO”. A Mariano Ruiz-Esquide no le cabe en la cabeza que el desregulado mercado de la educación superior siga generando millones de dólares a costa de alumnos-clientes que asisten a instituciones y carreras que en calidad dejan mucho que desear. El senador DC va al grano. “Utilizando la libertad de enseñanza -dice-, hemos llegado a tener una educación que es un desastre”.
Ruiz-Esquide fue uno de los diez congresistas que votó a favor del proyecto que pretendía instalar obligatoriamente la acreditación de universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, y también de las carreras de profesionales, técnicas, programas de pre y postgrado. ¿El objetivo? Asegurar verdadera calidad en una educación por la cual miles de chilenos se endeudan en busca de una promesa educativa que en no pocas ocasiones es una estafa.
Rafael Moreno, otro de los senadores de la falange que votó a favor del proyecto -versus veinte votos en contra y dos abstenciones-, no cabía en sí. “Es un juego perverso el de la derecha. Reconocen que es una locura que existan mas de ocho mil carreras y 570 sedes, que está todo fuera de control, pero bajo el sacrosanto principio de la libertad de educación lo que hacen es proteger y privilegiar la libertad del negocio”, desenfunda, al que están estrechamente vinculados.
Moreno añade que el negocio de la educación, para peor, daña a las familias más modestas, “aquellas que por dinero o por bajos puntajes no acceden a las universidades privadas más grandes”, dice. Y luego se enfada. “Es que se viola la fe pública”. Y se indigna cuando constata que la derecha cerró filas para rechazar la obligatoriedad.
Tras dos años de tramitación parlamentaria, la ley de acreditación aún no despachada saldrá cercenada y, a lo más, sólo fijará la obligatoriedad para carreras vinculadas a la medicina y la pedagogía. “Será una sombra de lo que debe ser. Si hasta sacaron la indicación para transparentar información. No hay facultades para supervisar ni controlar la calidad”, acota Moreno.
Y la razón es simple. Los vínculos de la derecha para proteger el lucrativo nicho de la educación privatizada, advierte, “van más allá de lo que la gente imagina”. No sólo alude al lobby de los poderosos grupos político-económicos y sus centros de análisis, sino derechamente a senadores con intereses en casas de estudios superiores.
DERECHA UNIVERSITARIA
En el libro “La privatización de la educación”, la periodista María Olivia Monckeberg desgrana la directa relación entre los personajes de la derecha y el negocio de la universidades privadas. “Por eso no me extraña que la bancada completa de la UDI y RN hayan votado en contra. Siempre han estado contra todo lo que implique alguna mínima regulación estatal de un mercado desbocado y con nota roja en transparencia”, anota.
Tampoco extraña cuando monckeberg repasa la lista de los votos en contra. arancibia, BOMBAL, CANESSA, STANGE, MARTÍNEZ BUSCH, VEGA, ORPIS, PROKURIKA, RÍOS, CANTERO, CARIOLA, COLOMA, CORDERO, FERNÁNDEZ, CHADWICK O LARRAÍN. Partiendo por este último, señala que “LAS ÚES PRIVADAS TIENEN REPRESENTANTES EN EL SENADO”.
LARRAÍN (UDI), EJEMPLIFICA, ES MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD SANTO TOMAS. No es el único, si se considera que Joaquín Lavín manda junto a Buchi en la Universidad del Desarrollo. “Por algo le dicen ‘udiversidad’”, sentencia Monckeberg. Su libro además desentraña las relaciones entre la derecha y otras casa de estudio como las UNIVERSIDADES ANDRÉS BELLO, DIEGO PORTALES, DE LOS ANDES O LA UNIVERSIDAD MAYOR, “DONDE HAY VARIOS HOMBRES DE PINOCHET”. Como sea, en unas u otras se mezclan “desde grandes grupos económicos a mecenas del Opus Dei”, resume.
“La gente tampoco se imagina las pocas facultades y atribuciones que posee el propio Ministerio de Educación sobre un mercado donde los intereses creados son enormes y eso también contamina a algunos en la Concertación”, mira de reojo la periodista.
“Hay una contradicción enorme en la derecha”, repone Rafael Moreno. Reclama que la UDI y RN denuncian los malos índices de educación y cuando es necesario tener una buena ley que asegura mínimos de calidad, votan en contra. “Hay una hipocresía y una demagogia tremenda en esto. Y no tienen respuestas, no tienen”, reitera el senador aclarando que, finalmente, la acreditación seguirá siendo voluntaria.
Casi a modo de consuelo, algunos asumen que será el mercado el que regulará todo pues, en la práctica, existen fuertes incentivos para que las instituciones que no se han acreditado de modo voluntario -sólo trece privadas lo han hecho-, lo hagan. Primero porque si no se acreditan no accederán a los créditos con aval del Estado -y así no captarán alumnos-, y segundo porque en términos de marketing serán vistas por “la demanda” como universidades de segunda categoría.
Puede ser, evalúa María Olivia Monckeberg. Que se acrediten voluntariamente responde a que “les aterra todo lo que huela a regulación estatal”, dice. Con todo, la acreditación voluntaria no resolverá el tema de fondo, cierra la investigadora, “que la educación superior sincere y transparente a ojos de todos el verdadero fin de lucro que persigue”.